Desde que Zapatero y Rajoy pactaran la reforma constitucional, se nos ha tratado de seducir con las bondades de esta reforma. Pero a efectos prácticos, pocas han sido las voces que han podido escucharse sobre el futuro desarrollo de esta nueva obligación constitucional que nos han impuesto ambos partidos.
Las consecuencias que tendrá esta reforma pueden ser muy negativo, porque el déficit es una herramienta de política económica, que indica que durante un ejercicio presupuestario los gastos superan a los ingresos. De hecho, cualquier familia recurre a él cuando ha comprado un piso o un coche, que no puede pagar al contado.
Por tanto las Administraciones tendrán ahora más complicado el realizar inversiones, sobre todo en materia de infraestructuras e inversiones a largo plazo.
La trascendencia de esta reforma para la Administración Pública más cercana al ciudadano no es para nada favorable. El establecimiento de un nuevo sistema de financiación local aún es una asignatura pendiente, y con esta reforma, los Ayuntamientos tendrán limitada su autonomía financiera ya que se les impone la regla del déficit cero. Lo que les situa como la única administración cuyo deficit debe ser cero. Puesto que el texto de la reforma indica que "una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario".
Además, debemos tener en cuenta que la mayoría desarrolla competencias que deberían ser asumidas por las Comunidades Autónomas, y para las que no tienen recursos suficientes. También la ultima subida del IVA (en la que el IVA reducido pasó del 7% al 8% y el IVA normal del 16% al 18%) supuso un duro golpe a las arcas municipales, además, debemos recordar que el IVA no es deducible por parte de las administraciones locales.
Otro dato a tener en cuenta es que los ayuntamientos acabaron el ejercicio 2010 con una deuda viva de 28.851.530.000 de euros, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, lo que supone casi un 3% del PIB. Por tanto, parece más que complicado los Ayuntamientos puedan cumplir el objetivo presupuestario del déficit cero, puesto que las opciones serían no realizar inversiones o reducir servicios.
Para finalizar, la conclusión final sobre esta reforma es bien simple: los grandes perjudicados y olvidados en la reforma constitucional pactada por PSOE y PP son los Ayuntamientos.
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