En las democracias modernas, se comenzó a acuñar o denominar como “ascensor social” al hecho de que aumentara la igualdad de oportunidades, se redujera la pobreza y apostara por la cohesión social permitiendo que, con el esfuerzo, el mérito y la educación cualquier persona pudiera mejorar su
posición con respecto a generaciones anteriores.
posición con respecto a generaciones anteriores.
Sin embargo, ese mecanismo parece oxidado y a punto de ser clausurado, sobre todo para las generaciones futuras. El capitalismo desregulado, defendido por la derecha y la ultraderecha, está asestando un golpe silencioso pero demoledor a dos de los pilares fundamentales que permitían esa movilidad social: la sanidad y la educación pública.
La educación pública, debe ser garante de la igualdad de oportunidades. Pero vemos que, en lugar de invertir y reforzarla, cada año se eliminan unidades de infantil, primaria y secundaria. Y paralelamente, en nombre de la libertad de elección se desvían fondos para aumentar conciertos con la privada, mientras
algunos centros públicos se enfrentan a aulas saturadas, precariedad docente y una brecha digital que penaliza a quienes menos tienen. Mientras tanto, las universidades privadas se expanden con fuerza, ofreciendo no solo un título, sino también un entorno de contactos y privilegios reservado para quienes
pueden pagarlo.
Del mismo modo, la sanidad pública sufre un progresivo vaciamiento: listas de espera que se eternizan, personal agotado y recursos insuficientes dificultan una atención adecuada. Un ejemplo claro de ello es lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama en Andalucía, donde los fallos en el sistema han puesto en
riesgo la detección precoz y han afectado a miles de mujeres.
Este episodio ha puesto de manifiesto la inversión insuficiente y la falta de recursos que han provocado que muchas mujeres deban someterse a nuevas pruebas. La Junta de Andalucía ha anunciado un plan de choque con la contratación de profesionales y un gasto millonario, pero la mayor parte de ese dinero irá a parar a la sanidad privada a través de contratos, y nos dirán que así se reduce la espera y se gana en “eficacia”.
Lo más preocupante es que este proceso no se presenta como una agresión directa, sino como un desmantelamiento silencioso bajo la apariencia de modernización.
Revertir esta tendencia exige reforzar la idea de lo público como garantía de equidad y cohesión social, no como un gasto sino como una inversión colectiva. Si seguimos midiendo el progreso únicamente en términos económicos y no de justicia social, corremos el riesgo de que el ascensor social sea desmantelado para siempre.

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