La Administración Pública ha evolucionado mucho desde la vuelta de la democracia, pero este proceso de evolución, evidentemente, continúa en marcha.
En un principio, y apoyándonos en el artículo 103 de la Constitución (1978) a la Administración Pública se le exige servir “con objetividad los intereses generales”, actuando “de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
La eficacia es entendida como la consecución de determinados fines, en el caso de la Administración Pública: el interés general, que no es más que la buena gestión de lo público.
Pero la evolución de nuestra democracia y la transformación sufrida por las administraciones, a supuesto la incorporación de nuevas exigencias a este principio constitucional que es la eficacia, como: la transparencia, la responsabilidad, y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, entre otros.
Por tanto, al hablar de la transparencia en la administración debemos partir de la base de que, con el paso del tiempo, se ha producido una evolución, y ésta ha sido un reclamo de la ciudadanía para obtener información, pero no cabe duda que, ante todo, es un derecho. Además, se ha configurado como uno de los principios generales de la administración en su relación con los ciudadanos (Artículo 3.5 de la Ley 30/1992).
Los numerosos casos de corrupción han minado, poco a poco, la confianza en los políticos, puesto que en muchos casos han eludido su responsabilidad, incluso, cuando se han sentado frente a la justicia. Por lo que la transparencia, se hace necesaria para que se produzca un control social, que no es posible sin el conocimiento de cierta información.
El Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente en España de Transparencia Internacional Jesús Lizcano Álvarez, señaló en la presentación del informe sobre el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2010, que el hecho de que exista transparencia "no elimina las tendencias corruptivas”.
A tenor de estas declaraciones, podemos afirmar que un alto grado de transparencia no evita la corrupción.
Por tanto, y para finalizar, no debemos confundir o considerar sinonimo de transparencia otras exigencias como la participación, o la gestión responsable.