La corrupción se ha convertido en un fenómeno estructural de serias y
graves consecuencias que afectan al funcionamiento de la democracia y de
las instituciones.
Asistimos atónitos a situaciones en las que personas imputadas, tras largos años de litigio, han continuado en sus cargos tomando decisiones que afectan directamente a los ciudadanos e incluso han continuado llenándose los bolsillos en tanto que la justicia no se pronunciaba de forma definitiva.
No podemos negar que los partidos políticos han actuado con tibieza e incluso en casos especialmente sangrantes han defendido y arropado a estas personas, lo que sin lugar a dudas ha propiciado una desafección de los ciudadanos hacia la política y las instituciones.
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En este contexto es necesario impulsar un cambio que afecte a la calidad democrática y al buen gobierno haciendo que la Administración sea más transparente, de esta forma se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía y alejar la actual percepción de desprestigio de lo público, que afecta en primer término a los políticos y acaba alcanzando a los trabajadores públicos.
Por tanto no debemos centrarnos exclusivamente en censurar las actitudes de los corruptos, que sin duda debemos recriminar y denunciar, sino que debemos profundizar en los mecanismos para impedir la corrupción. Es una obligación de quienes ejercemos un cargo público poner barreras a corruptos y corruptores.
A nivel local existen limitaciones en términos legislativos, ya que dichas competencias corresponden al ámbito autonómico y estatal, pero indudablemente se pueden plantear y desarrollar medidas que aumenten la transparencia y eviten la discrecionalidad de muchas actuaciones.
Una de esas medidas pasa por la creación y puesta en marcha de un Código Ético Municipal (CEM en adelante) que incluya entre otras medidas crear un Registro Público de Obsequios e Invitaciones, limitando e incluso prohibiendo la percepción de regalos o invitaciones personales tanto a los cargos públicos como a los trabajadores municipales.
Otros principios que debe recoger un CEM es fometar la democracia participativa y la realización de consultas ciudadanas facilitando los cauces y los medios necesarios. La publicidad detallada tanto de los procedimientos de contratación como de concesión de subvenciones y ayudas, determinando la cuantía y los beneficiarios con máximo nivel de transparencia y un largo etcétera de medidas.
Además, para evitar situaciones, como comentaba al principio, donde una persona imputada continúa medrando en las intituciones hasta el pronunciamiento de la justicia, debemos exigir la dimisión de aquellos cargos públicos que sean imputados por delitos relacionados con el ejercicio de sus cargos.
Es nuestra obligación evitar conductas impropias en el seno de una Adminsitración Pública, debemos actuar con coherencia y contundencia porque la transparencia no es un obstáculo al trabajo de los políticos sino una garantía para la correcta gestión de lo público.